Izquierda Unida-Verdes ha valorado como insuficientes los cambios incorporados en la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos, pese a que varias de sus alegaciones presentadas en junio han sido aceptadas. La formación destaca avances concretos que han permitido suavizar el impacto del tributo sobre algunos negocios y colectivos vulnerables, pero mantiene su crítica hacia el modelo aprobado por el Ayuntamiento, al que consideran regresivo y poco comprometido con la justicia social y ambiental.
Entre las mejoras incorporadas se encuentra la ampliación de la bonificación para pensionistas, elevando el umbral al 150 % del IPREM, lo que permitirá beneficiar a más hogares con ingresos reducidos. También se ha aceptado modular la tasa según los metros cuadrados y el aforo en bares, restaurantes y discotecas, evitando así que pequeños negocios asuman cargas excesivas. Además, se establece un procedimiento específico para que los establecimientos puedan corregir errores censales que afecten al importe de la tasa.
Otra novedad es la creación de una bonificación del 95 % para empresas que colaboren con entidades de economía social en la reducción de residuos alimentarios. También se han rebajado tarifas hasta en un 50 % para asociaciones sin ánimo de lucro y pequeños negocios como despachos profesionales y comercios. Asimismo, se incorpora a la ordenanza a los diseminados con personas empadronadas, permitiendo un reparto más equitativo del coste del servicio.
A pesar de estos avances, IU-Verdes sostiene que el modelo sigue sin ser justo ni progresivo. Denuncian la ausencia de un sistema de pago por generación que vincule la tasa a los residuos reales producidos, lo que, a su juicio, demuestra la falta de voluntad política para defender el medio ambiente. También critican la exclusión del SMI como criterio para acceder a bonificaciones, dejando fuera a muchas familias trabajadoras en situación precaria.
La formación considera que, pese a los ajustes, algunos sectores como pequeños comercios y despachos profesionales continúan pagando cuotas desproporcionadas. Acusan tanto al Partido Popular como a Vox de ser responsables del diseño final de una tasa que, según afirman, sigue castigando a quienes menos tienen y no premia suficientemente la reducción del impacto ambiental.