El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Yecla ha denunciado que el Consistorio no ha respetado la reserva legal de plazas para personas con discapacidad en el proceso de selección del proyecto “El Renacer de Yakka”, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation EU para la conservación y restauración del yacimiento histórico Hisn Yakka.

Durante el pleno ordinario de marzo, los socialistas presentaron una propuesta para exigir que todos los planes de empleo municipales cumplan estrictamente la legislación vigente en materia de inclusión laboral. La iniciativa demandaba que las bases de los procesos incluyan expresamente la reserva de plazas para personas con diversidad funcional, tal y como establecen las normas españolas y europeas.

Sin embargo, el Partido Popular decidió dejar la propuesta sobre la mesa y argumentó que el proyecto “El Renacer de Yakka” no se configuraría como una oferta de empleo público en sentido estricto ni estaría sujeto a dichas reservas, por lo que, según su interpretación, sí cumpliría la normativa.

Los socialistas, por el contrario, sostienen que las bases de selección de los 27 puestos convocados para este proyecto (entre arqueólogos, restauradores, auxiliares o peones) no contemplan ninguna reserva de plazas para personas con discapacidad, pese a que el Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP) exige una cuota mínima —generalmente no inferior al 7%— de puestos destinados a candidaturas con diversidad funcional en procesos de empleo público o en proyectos financiados con fondos públicos.

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que esta omisión no es un error menor, sino que podría tener consecuencias legales y económicas para el Ayuntamiento de Yecla, como la anulación de la convocatoria o incluso la paralización de las subvenciones vinculadas al proyecto si se considerase que no se ha respetado la normativa de acción positiva.

Los socialistas han manifestado su firme compromiso de seguir trabajando para que el Ayuntamiento garantice que las futuras convocatorias públicas incluyan y respeten la reserva de plazas para personas con discapacidad, así como los criterios de inclusión que marca la ley, y que estos no queden en un mero planteamiento teórico sino que se reflejen de forma efectiva en los procesos de selección.

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